Establecimiento de un parque de viviendas públicas a través de la expropiación de viviendas en propiedad de inmobiliarias o entidades bancarias inutilizadas, acompañado de un programa estatal de alquileres asequibles para la clase trabajadora. Para ello:
1. Elaboración de un inventario de todas las viviendas vacías propiedad de entidades bancarias, particulares que hagan un uso especulativo y se lucren con las rentas de sus inmuebles o inmobiliarias. De cara a conocer de primera mano por parte de las administraciones locales qué número de viviendas que están inutilizadas. Además se realizará un seguimiento de la vivienda pública disponible para emergencia social, disminuyendo el tiempo de espera entre el desahucio y la adjudicación de la nueva vivienda.
2. Fin de los desahucios por impago de hipotecas, alquileres u ocupación, cuando no exista la alternativa habitacional, además de la persecución penal de empresas de desahucios ilegales. Prohibición de iniciar procedimientos judiciales o ejecuciones forzosas sobre las VPO y VPP, tanto de renta como de venta.
3. Apuesta por la vivienda de propiedad pública frente a otros modelos de vivienda de protección. Creación de un parque de viviendas públicas con los inmuebles vacíos o inutilizados por parte de esas inmobiliarias, entidades bancarias y fondos de inversión privados. Además, en todas las áreas existentes de nueva construcción se reservará un porcentaje de las viviendas construidas para el parque público de vivienda.
4. Implantación de un programa estatal de alquileres asequibles en donde el precio del alquiler esté limitado. Para ello, debe crear un índice de precios del alquiler en el que se fije el precio máximo del metro cuadrado en alquiler en cada municipio, teniendo en cuenta niveles de renta mediana. Este índice tendrá que ser de aplicación obligatoria y con penalización a la propiedad que no lo cumpla. Además, para aquellas inquilinas que así lo precisen y no puedan permitirse el pago de la vivienda, se deberá instaurar una política de alquileres sociales en donde el pago de la vivienda suponga, como máximo, un 30% de los ingresos de la unidad familiar.
5. Para evitar la especulación de la vivienda en función de la situación del mercado inmobiliario, se deberá extender la duración de los contratos de alquiler a 12 y 6 años para las viviendas de grandes y pequeños propietarios, respectivamente. Tras este plazo no poder aumentar el precio en un 10% cuando la subida supere el 30% del salario percibido en la unidad familiar o el precio máximo establecido por el límite de alquiler.
6. Regulación del alquiler turístico. Limitación a nivel municipal del número de Apartamentos Turísticos, regular la proporción de alquileres turísticos y habitacionales en el caso de los multi-propietarios. Prohibición de los apartamentos turísticos no regularizados y allí donde el alquiler turístico suponga un problema para el acceso a la vivienda habitacional. Así mismo, establecer también límites en el número de viviendas según el número de habitantes o el espacio necesario.
7. Prohibición e impedimento legal de la actividad bancaria respecto a parques de viviendas y fondos de inversión, además de expropiación de dichos parques de viviendas para los programas de alquiler social organizados por el Estado. Prohibición de la liberalización de suelo urbano y rural que sirva para la especulación inmobiliaria. Control por parte de las instituciones locales e inversión pública en vivienda. Prohibición de las SOCIMI y de todo recoveco legal en el que se puedan amparar los especuladores del mundo de la vivienda para conseguir beneficios fiscales.
8. Modificación sustancial de la ley del suelo para impedir la construcción de nuevas viviendas mientras existan viviendas vacías. Esta modificación deberá ir encaminada a la prohibición de la intervención del sector privado en este ámbito excepto para la utilización de tal para uso propio o uso a través de cooperativas.
9. Desarrollo por medio de procesos participativos de programas de intervención urbana atendiendo a la necesidad de erradicar el proceso de guetificación. Eliminación del servicio ofrecido por las inmobiliarias y asunción de estas funciones por parte de las administraciones locales.
10. Ubicación en viviendas públicas de aquellas personas que se encuentren en situación de extrema necesidad.
11. Garantía de suministros vitales básicos en la vivienda (agua, gas, luz, energía, telecomunicaciones…). Nacionalización del sector energético convirtiéndolo en un sector económico clave no solo para asegurar los suministros básicos a la población sino para también impulsar una transformación ecológica apoyada en una fuerte inversión en investigación y desarrollo que sirva de empuje para la economía del país.
