Para asegurar una vida y desarrollo personal dignos, debe reconocerse el derecho a unas condiciones laborales adecuadas, extendiéndose estas al salario, la jornada, los derechos democrático-laborales, los servicios públicos y las percepciones de ingresos durante momentos de paro, incapacidad laboral o jubilación. Estas condiciones deberán aplicarse a toda persona que venda su fuerza de trabajo. No caben, por lo tanto, distinciones por razón de raza, género, edad, orientación sexual…; ni tampoco por razones jurídicas sin fundamento económico. Es decir, las diferencias de condiciones entre contratos temporales, en formación, realizados a través de subcontratas deben ser abolidas. Para asegurar el carácter digno del trabajo se deben desarrollar, entre otras, las siguientes medidas:
1. Incremento del SMI hasta alcanzar el 60% del Salario Medio Bruto en España (2295,75€/mes) en 14 pagas (19.275,90€/año).
2. Aumento de la indemnización por despido, que se equiparará para todas las relaciones laborales. Prohibición de los despidos colectivos. Prohibición de todas las formas de despido objetivas y disciplinarias, salvo aquellas que tengan una clara definición (como puede ser un despido por agresión sexual o una justificación económica), previa negociación con la representación sindical. Los despidos no acordes con la ley sólo podrán ser declarados nulos y será el trabajador quien tome la decisión de reincorporarse en la empresa o recibir una indemnización, al margen de los salarios de tramitación. Incremento de las indemnizaciones tanto por despido como por finalización de contrato.
3. Reducción de la jornada laboral acorde con el desarrollo de las capacidades productivas, sin reducción de salarios. Reducción hasta las 30 horas en formato 4 – 3 siendo estos de obligatorio disfrute continuos. Homogeneización de la jornada continua e inclusión dentro de la jornada el tiempo socialmente necesario para el traslado, así como pausas y descansos. Reducción de la jornada laboral por convenio en función tanto de las capacidades productivas como de las condiciones de peligrosidad/penosidad de las funciones desempeñadas.
4. Aumento de los presupuestos para la persecución de fraudes laborales por parte de la inspección de trabajo, junto con la protección y anonimato de la persona denunciante y la facilitación de los trámites.
5. Eliminación de las Empresas de Trabajo Temporal y empresas multiservicios, de externalización de servicios o outsourcing, necesariamente parejo a la eliminación de la relación contractual por obra y servicio.
6. Equiparación de las condiciones laborales y vitales entre el campo y la ciudad, no solo de iure, sino equiparando salarialmente los trabajos relacionados con el sector primario.
7. Equiparación de las condiciones laborales entre el hombre y la mujer, asegurando la conciliación a través de la oferta pública de cuidados y persiguiendo cualquier tratamiento desigual.
8. Refuerzo de la negociación colectiva sectorial y territorial. Garantía de la representación sindical en los centros de trabajo. Persecución y sanción de empresas que repriman la organización de los trabajadores en el puesto de trabajo. Medidas que obliguen a la empresa a someterse a la negociación colectiva con las organizaciones sindicales.
9. Inclusión de las personas trabajadoras en prácticas o en formación en los convenios reguladores que rijan las relaciones laborales en su centro de trabajo. El objetivo es que en las contrataciones en prácticas o en formación se reconozca de manera igualitaria:
- Que el objetivo principal de la relación laboral será la formación para el desempeño del puesto de trabajo y, por lo tanto, esa formación debe asegurarse por parte de la empresa en horario laboral.
- La equiparación salarial en el puesto de trabajo, independientemente de la relación contractual.
- La indemnización por despido equiparada al resto de relaciones contractuales.
- El derecho a vacaciones y días de asuntos propios.
- La cotización de los días trabajados en la misma medida que el resto de relaciones contractuales.
10. Reconocimiento del derecho universal a la salud a través del sistema sanitario público a las mayores de 26 años sin requisito de cotización a la Seguridad Social. Integración de la red privada en la red pública sanitaria. Eliminar el sistema de mutuas y similares herramientas de privatización.
11. Incorporación de las trabajadoras del hogar y de los cuidados en el régimen general de la seguridad social y abolición del trabajo de interna.
12. Prohibición de la realización de horas extraordinarias o complementarias tanto para jornadas parciales como para jornadas completas, de tal manera que se reparta el empleo que se realiza mediante este tipo de horas.
13. Lucha por unos precios justos en el sector agroalimentario y control más estricto del producto. Controlar el acceso de los fondos de inversión y el capital externo a las explotaciones agro-ganaderas.
14. Promoción de un plan de contratación específica para mujeres a fin de acabar con la feminización del paro y la pobreza, así como la masculinización de sectores estratégicos.
