La actual “crisis de los cuidados” que está afrontando el Estado español se ha acentuado debido al envejecimiento de la población y la incorporación de la mujer al mundo del trabajo formal. Sin embargo, el acceso de las mujeres al mercado laboral no ha tenido lugar en un contexto de igualdad de condiciones, ya que la estructura productiva se articula en torno a una distribución del trabajo basada en la asignación tradicional de los roles de género, hecho que provoca y refuerza la desigualdad social entre ambos sexos. Todas estas transformaciones medianamente recientes han puesto de manifiesto la fragilidad del sistema familiarista (aquel que deriva la responsabilidad de los Estados hacia las familias a la hora de atender y cubrir las demandas sociales de las personas dependientes en el hogar) en lo concerniente a garantizar la cobertura de las demandas sociales que la población plantea.
Ante un Estado ausente y unas políticas públicas raquíticas, como la llamada Ley de Dependencia, una de las estrategias familiares para afrontar el sostenimiento del hogar pasa por la externalización del trabajo de cuidados y la contratación de mano de obra, en su inmensa mayoría mujeres migrantes en situación administrativa irregular. De esta manera, el empleo doméstico y de cuidados en el Estado español se configura como un nicho laboral feminizado y etnizado.
Estas mujeres viven atravesadas por una Ley de Extranjería que las aboca a tener que trabajar al menos tres años en condiciones de semiesclavitud como internas y sin contrato para poder comenzar a tramitar un permiso de residencia. Además, el RD 1620/2011, encargado de regular el empleo doméstico las sigue colocando en un sistema especial dentro del Régimen General de la Seguridad Social y continúa sin contemplar la prestación por desempleo, la baja por maternidad, la incorporación al Fondo de Garantía Salarial o una Ley de Protección de Riesgos Laborales.
La Juventud Comunista exige la derogación de la Ley de Extranjería, que sitúa a las mujeres migrantes en el empleo del hogar en unas condiciones de explotación aceptadas únicamente debido al riesgo de poder ser víctimas de una redada racial que desemboque en el internamiento en un CIE y su consiguiente expediente de expulsión. Además, exigimos la regulación del empleo doméstico, que implica su incoporación inmediata en el Régimen General de la Seguridad Social.
¡Viva la lucha de la clase trabajadora!
