Como viene siendo habitual iniciamos el presente informe político analizando los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos a Castilla – La Mancha. El número de trabajadoras y trabajadores en situación de desempleo asciende a un total de 285.400, que se traduce en una tasa del 59,05% de la población activa. Esto supone un descenso del desempleo en un total de 2800 personas, lo cual ha provocado que el Gobierno de la región vocifere un falso discurso basado en los clásicos “brotes verdes” y el comienzo de la recuperación y creación de empleo. Cabe señalar que la población activa en la región ha bajado en 20.000 trabajadoras y trabajadores, hecho que desmonta por completo el discurso triunfalista de Cospedal. Este descenso se debe a factores como la emigración, la baja de demandantes de empleo ante las escasas expectativas de encontrar trabajo y la dedicación de la mujer a las tareas reproductivas y de cuidados, sobre todo en un momento donde los efectos de los recortes en materia de personas dependientes se hacen más patentes que nunca, de hecho la tasa de actividad en mujeres sigue siendo bastante más baja que la de los hombres, 50,8% frente a un 67,2%. El desempleo sigue cebándose con las mujeres lo que hace un porcentaje de 32,3% frente al 25,6% en hombres.
El desempleo juvenil sigue alcanzando cifras escalofriantes: 80,7% en menores de 19 años, 54,2% hasta 24 años (en esta franja de edad aumenta el paro en mujeres respecto al trimestre anterior) y 25,7% a partir de 25.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha ha paralizado a instancias de CCOO la ejecución del plan de recursos humanos que pretendía reubicar a 76 conductores. Este hecho supone ganar tiempo y mantener los puestos de trabajo hasta que tenga lugar el juicio oral. No hubiese sido posible llegar a este punto de no ser por las movilizaciones llevadas a cabo durante los anteriores meses en los que ha venido desarrollando este conflicto laboral.
El Tribunal Supremo ha declarado firme la sentencia del TSJ de Castilla – La Mancha que obliga a admitir a 400 interinos e interinas despedidos desde 2012. Esta sentencia declara además ilegal la decisión de suprimir 700 puestos de empleo público. En este sentido la Junta ha gastado 57,7 millones de euros desde octubre en sentencias judiciales perdidas y que no están siendo acatadas, donde además del pago salarial íntegro de las citadas readmisiones, destaca la obligación de abonar las pagas extras suprimidas desde 2012. Esto supone un total de 36000 euros al día, que si bien las pagas extras ya están recogidas en los presupuestos de 2015 no lo están las readmisiones, lo que supondrá una merma en el resto partidas destinadas a servicios públicos.
La huelga en la empresa de autobuses Auto-Res está siendo un éxito de participación, la compañía pretende llevar a cabo una modificación sustancial de las condiciones laborales que supondrían una reducción de salarios entre un 30 o 40% y la pérdida de derechos laborales consolidados. Este es un ejemplo claro de cómo al calor de las últimas reformas laborales del PPSOE los empresarios pretenden aumentar su tasa de ganancia rediciendo salarios, suprimiendo derechos laborales y poniendo la negociación colectiva en el punto de mira.
También las trabajadoras y trabajadores de Raspeig han mantenido jornadas de lucha frente a los meses de impago que están sufriendo. Limpiezas Raspeig mantiene en nómina a 260 trabajadoras y trabajadores y es una de las principales contratas de la Junta.
La plantilla de RTVCM sigue en pie de guerra ante la gestión recibida por el ente público. La televisión de Castilla – La Mancha mantiene niveles de manipulación informativa vergonzosos convirtiéndose en el mejor altavoz del régimen ante cuestiones de índole regional. Para poder sostener esta situación se están produciendo despidos de profesionales que están siendo sustituidos a través de contratos irregulares, fórmula ya empleada otras televisiones regionales donde gobierna el PPSOE.
El accionariado de Elcogas mantiene su intención de cerrar la planta el 31 de diciembre dejando en la calle a unas 300 trabajadoras y trabajadores. La lucha de la plantilla por defender los empleos sigue en pié, el paso 11 de noviembre tuvo lugar un nuevo paro de 24 horas y el traslado de la protesta al ministerio de industria y a la sede de Iberdrola en Madrid. Elcogas es una empresa implantada en 1992 en Puertollano a iniciativa de la Comisión Europea con el apoyo del Estado, inmediatamente llegó la participación de grandes grupos empresariales relacionados con la energía tanto españoles como extranjeros.
En Castilla – La Mancha un 37% de su población está en riesgo de exclusión social. Son varios los factores responsables de esta situación: Actualmente el hecho de encontrar empleo no asegura abandonar el umbral de la pobreza, las ayudas de 400 euros a quienes las perciben resultan insuficientes y en algunas casos deben servir para mantener a varias personas, sobre todo en aquellos hogares donde todos sus miembros están en situación de desempleo y han agotado la correspondiente prestación. Pero lo más catastrófico es la pérdida de salario indirecto que atesta el golpe definitivo para quienes están al borde del umbral de la pobreza.
Nuestra región es la primera con mayor índice de desigualdad de todo el estado, Según la Fundación Primero de Mayo uno de cada tres trabajadoras y trabajadores está en situación de pobreza por no llegar a percibir el salario mínimo. Desde el Gobierno regional se han eliminado los planes de empleo con los ayuntamientos que si bien no son más que un parche y no una solución real ante una crisis estructural, suponían un respiro ante las consecuencias del desempleo. De igual modo se han eliminado ayudas para zonas rurales, transporte, pensiones… En este sentido el paso 8 de noviembre participamos en la manifestación que tuvo lugar en Guadalajara con el lema ‘Defiende tus derechos, defiende tu tierra, defiéndete’ contra el desmantelamiento de los servicios públicos.
El número de ejecuciones hipotecarias colocan a la región en segunda posición del ranking estatal, haciendo un total de 2395. Las ejecutadas sobre viviendas de personas físicas se sitúan en 1.361, tras Cataluña, País Valenciano, Andalucía y Madrid, todas ellas mucho más pobladas que Castilla – La Mancha.
La deuda de la Junta de Comunidades sigue en aumento a pesar de los drásticos recortes en gasto social, al cierre de septiembre la deuda se situó en 12.400 millones de euros frente a los 11.343 al cierre del año anterior. Esto sólo puede significar una cosa: la región sigue acumulando deuda ilegítima mientras se condena a buena parte de la población castellano-manchega a vivir al filo de la marginalidad.
En materia de educación la Junta de Comunidades sigue en su afán de privatizar las guarderías públicas. El coste de esta decisión tendrá dos vertientes: Por un lado el acceso a una educación infantil de calidad será inaccesible para la clase trabajadora y, como se analiza con anterioridad en el documento, supondrá una merma en la tasa de actividad de las mujeres, que desde la lógica patriarcal, serán quienes asuman los cuidados de la descendencia.
Agravando la situación de la educación primaria la Consejería de Educación ha decidido no convocar oposiciones para el ‘cuerpo de maestros’ en 2015. Durante estos tres últimos años la tasa de reposición de profesorado ha sido del 10%, lo que ha generado una pérdida de 5000 puestos docentes en la región.
Continúa la batalla contra la implantación del ATC en Villar de Cañas, la plataforma contra dicho almacén ha tenido acceso a un documento de 32 páginas elaborado por el Centro de Seguridad Nuclear (CSN) donde se desgranan una serie de deficiencias en la información recibida y en el que se incluyen diferentes propuestas de actividades consideradas indispensables para disipar dudas sobre la idoneidad del emplazamiento. Este hecho corrobora aquello que desde la Plataforma se venía denunciando, y es que el lugar elegido para el ATC responde más a intereses empresariales que a otro tipo de cuestiones de carácter geológico.
El pasado 12 de noviembre tuvo lugar en Ciudad Real el juicio contra dos activistas que participaron en las protestas contra la inauguración de la “rotonda del helicóptero”, se les acusa de una falta por desobediencia a la autoridad exigiendo una multa de 500 euros para los acusados. Del mismo modo en Cuenca se piden 8 meses de cárcel para un activista con acusaciones similares. Estos hechos se dan en un marco de criminalización de la protesta donde desde el régimen se busca cualquier fórmula represiva para amedrentar la movilización social
