Los gobiernos ejercen violencia contra las mujeres cuando con sus políticas fomentan la feminización de la pobreza y las situaciones de extrema precariedad laboral, sufriendo la sobreexplotación en condiciones infrahumanas y cada vez más desprotegidas de los abusos empresariales.
Por un lado con la aplicación de las políticas de recortes y el desmantelamiento del estado del bienestar se ha destruido y precarizado empleo público. Un sector ocupado mayoritariamente por mujeres.
Y por otro lado, las reformas laborales del gobierno del PSOE primero y del PP después, han presionado constantemente para que se rebajen los salarios y las condiciones de trabajo, ocasionando que la desigualdad salarial entre mujeres y hombres se vaya incrementando progresivamente.
Las mujeres, quienes somos el 53% de la población activa, tenemos 1.529.000 empleos menos que los hombres. Ocupamos el 73% de los contratos a tiempo parcial. Nuestro salario supone el 77,5% del salario de los hombres y sigue aumentando la diferencia. Somos el 68% de la población asalariada con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. Los sectores de actividad donde ganamos menos y hay mayor brecha salarial, son generalmente sectores feminizados y los convenios colectivos nos siguen discriminando.
La situación de vulnerabilidad de las mujeres se agrava y, en consecuencia, aumenta el acoso laboral e incluso los índices de prostitución (tanto en mujeres migrantes como autóctonas). La dependencia económica crece haciendo disminuir los divorcios y las denuncias por violencia de género.
Desde la UJCE y el PCE, otro año más queremos responder ante esta situación en las calles, llamando a romper la paz social. No vamos a permitir la doble ni la triple explotación de las mujeres, nos oponemos frente a la feminización de la pobreza. Llamamos a la movilización por un trabajo digno para dignificar la vida de las mujeres, con la aplicación de medidas que lo garanticen, la creación de empleo público, de mayor calidad y menor temporalidad, donde más se respetan los principios de igualdad salarial, aplicación de convenios y mejoras para la conciliación de la vida familiar y laboral. Así como la aplicación de más recursos en materia de igualdad, prevención y atención a la violencia de género.
