Estos días hemos visto cómo el movimiento estudiantil, tras meses de confinamiento, crisis y desamparo, ha salido a la calle para visibilizar sus reivindicaciones. Programáticamente se centran en las consecuencias de una segregación que, con motivo del agravamiento de las condiciones materiales de las clases populares del país, no ha hecho más que aumentar. Podemos decir, pues, que a pesar de las tibias reformas impulsadas por la socialdemocracia para paliar el golpeo material que esto podría suponer, advertimos cómo el sistema educativo en un Estado burgués está orientado a la reproducción de la ordenación clasista de la fuerza de trabajo.
Esta función está atravesada por las necesidades del tejido productivo, lo que en el caso de España está determinado por la posición periférica que mantiene en la Unión Europea. Hablamos, entonces, de que la división internacional del trabajo traslada el cisma generado a nivel productivo entre los países del Norte de Europa y los del Sur al ámbito educativo, de modo que Portugal, Grecia y España ejemplifican en la máxima expresión la especialización del eje Meditarráneo en el sector terciario. Esta especialización y la derivada incapacidad de producir grandes manufacturas -al margen de algunas ramas del sector agropecuario- y desarrollar sectores atravesados por la alta tecnologías un mayor valor añadido, explica la necesidad del capitalismo español de moldear el sistema educativo para la formación de una mano de obra dirigida, sobre todo, al turismo y a la hostelería y, por lo tanto, de una cualificación media.
Dada la división clasista entre el trabajo manual y el intelectual, la Universidad siempre va a restar como un nivel dirigido a la formación de cuadros técnicos del Régimen y administrativos y gestores del ciclo productivo del capital, mientras que la clase obrera va a quedar recluida en los puestos manuales. Esta misma lógica es la que subyace actualmente a la consideración de la FP como estudios “de segunda”, a la que están destinadas las que “no tienen capacidad” de ir a la Universidad y que forma en lo manual; esto es, los estudios a los que acceden las estudiantes que han sido segregadas mediante barreras materiales desde las etapas más tempranas del desarrollo académico.
En el caso de España, este proceso se remonta al proceso de desindustrialización que impulsó en la década de 1980 el PSOE, condición sine qua non se podría culminar el proceso de inserción en el polo imperialista que es la actual UE mediante la entrada definitiva en la Comunidad Económica Europea. Atendiendo a que durante la década anterior la Universidad se había “masificado” -en términos relativos- sobre las necesidades surgidas por el proceso industrializador de los años 60, la entrada en la CEE y la consiguiente deindustrialización dieron lugar a una dislocación entre un amplio sector de estudiantes universitarias y un tejido productivo que cada vez iba a requerir en menor medida una cualificación alta. Si bien no será hasta la crisis capitalista de 2008 cuando los efectos de esta “sobrecualificación” se dejarán notar con severidad, desde la década de 1990 se comenzó a orientar la política educativa hacia una mayor segregación en las EEMM y una descarada expulsión de las hijas de las obreras de la Universidad.
Precisamente, antes de 2008 jugó un papel muy importante el aumento de la segregación, especialmente asentada en la falta de financiación para una educación pública que nunca dejó de presentar barreras materiales, directas o indirectas, para las familias obreras. Paralelamente, el margen a los conciertos seguían al alza, lo que reincidía en la tendencia descrita al profundizar en la “guetificación” de los centros públicos. Todo esto es lo que explica que, a pesar de que la tasa de escolarización alcance en España el 99%, el abandono escolar temprano sea un fenómeno increíblemente extendido alrededor de todo el país, alcanzando unas cifras del 30% de media o más en zonas como Andalucía o Extremadura y llegando al 16% de media en 2020.
Desde 2008, estas cifras se han ido suavizando debido a la falta de oportunidades en el mundo del trabajo para las jóvenes que accedan a él sin cualificación, anteriormente absorbidas en algunos sectores de la hostelería y en la construcción; no obstante, y aunque no se han desarrollado políticas para un desarrollo académico en igualdad para todas las estudiantes por ser esto antagónico con los intereses del capital, sí que se han introducido nuevos elementos, como la FP Básica, destinados a facilitar el acceso a los ciclos de grado medio y, por lo tanto, a que parte de las juventud obrera segregada en primera instancia pase a engrosar la proporción de trabajadoras con una cualificación media que durante los últimos años ha demandado el mercado. Precisamente por esta razón, el actual Gobierno está diseñando una reforma de la Formación Profesional orientada a flexibilizarla todavía más a la empresa y, de paso, sentar las bases para una segregación a lo interno del sector, con la creación de “másters” y centros de “excelencia” que contarán con una mayor financiación. La FP, por lo tanto, viene a absorber a toda la juventud obrera a la que se le están cerrando las puertas de la Universidad desde que en 2009 el PSOE intensificó el ritmo de asentamiento del Plan Bolonia.
Actualmente, en un momento de retroceso del movimiento obrero a nivel europeo, nos encontramos en un proceso de mercantilización y liberalización de la Universidad que, en todo caso, se concreta en medida y forma en función de la posición de cada país en el entramado de relaciones que alberga la UE. En España, las políticas consistentes en expulsar al grueso de familias de extracción obrera del acceso a la Universidad y desviarlas a la cualificación media han tenido sus últimos ejemplos con el Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas Oficiales del Sistema Universitario Español de este año, con el que se introducen el formato liberal de los grados blancos -únicamente conocidos hasta ahora en la privada-, así como los duales, destinados a ampliar el margen para explotar como mano de obra gratuita a las estudiantes. Queda por conocer el contenido del Anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aunque todo hace pensar que servirá de cierre de la reforma liberalizadora y mercantilizadora de la Universidad.
Esta misma relación entre la ordenación del sistema educativo y la del modelo productivo afecta también a lo interno, pues nos encontramos con grandes diferencias entre las regiones y naciones de España que conectan con una estratificación social igualmente aquejada por la división Norte-Sur. Estas diferencias en lo que a abandono escolar conciernen evidencian una brecha importante entre las comunidades del norte y las del sur (Extremadura, Andalucía, Murcia, Canarias, teniendo en cuenta a su vez las diferencias entre éstas en lo que a densidad poblacional se refiere), que tienen un tejido productivo más débil y donde por tanto la destrucción de empleo y de tejido productivo ha sido especialmente señalada. Por otro lado, si volvemos a mirar a la Universidad nos encontramos con que el número de grados y másteres ofertados en Andalucía, Catalunya y Madrid son es mucho mayor que el de algunos de los territorios periféricos menos desarrollados, como Extremadura, Murcia o Castilla La-Mancha.
En definitiva, podemos recalcar que la segregación implícita en un sistema educativo insertado en un Estado burgués deja una huella social tan evidente como su conexión con las demandas del capital. En el horizonte, la consecución de una III República abstraída antimonopolista debe plantearse como fase necesariamente conectada con la construcción de un modelo productivo soberano. En este marco, el sistema educativo seguirá estando parcialmente determinado por las necesidades económicas, pero estas ya no estarán atravesadas por las relaciones sociales de producción capitalistas, sino que serán expresión de la propia clase obrera hecha dominante y directora de su propio futuro.
