El Partido Comunista de España y la Juventud Comunista quieren expresar su absoluta discrepancia con la sentencia acordada por el Tribunal Supremo en el caso del “Procés”. El hecho de que el Tribunal Supremo haya impuesto condenas de prisión nos parece sumamente desproporcionado a la vista del nulo impacto institucional de las actuaciones realizadas por los condenados, que quedaron en meras proclamaciones políticas. Creemos que estas condenas -que además son sumamente duras- no ayudan a encontrar una solución política al conflicto existente en Cataluña, sino que mas bien vuelven a crispar el ambiente político dando argumentos a las personas y organizaciones que desde posiciones extremas únicamente pretenden perpetuar y enconar el conflicto para obtener réditos políticos cortoplacistas, fundamentalmente electorales.
La judicialización del conflicto político nunca debería haber ocurrido. Ha sido una muestra más de la incapacidad del Régimen del 78 para resolver sus propias contradicciones, así como de las fuerzas políticas de gobierno implicadas, que han sido incapaces de abordar desde el diálogo un problema estrictamente político, no de orden público ni judicial. Cuarenta años después de aprobarse la Constitución de 1978, lo que esta sobre la mesa es el cuestionamiento del actual modelo constitucional: la monarquía parlamentaria y la organización territorial autonómica, entre otras cuestiones. Es necesario adaptar nuestro marco constitucional a las nuevas necesidades y exigencias de nuestro pueblo.
El Partido y la Juventud Comunista siempre han mantenido que durante el ‘Procés’ no había existido ningún delito de rebelión ni de sedición, puesto que no ha existido ningún alzamiento, ni violento ni tumultuario, que atacara a los poderes judicial, ejecutivo o legislativo de España, ni que alterara el orden público impidiendo el funcionamiento institucional. En Cataluña no ha habido ningún Golpe de Estado, sino que se ha dado un proceso de movilización ciudadana masivo, en el que se ha reivindicado un Estado republicano para ese territorio. No es aceptable ni política ni jurídicamente, que una movilización popular y no violenta sea equiparada a una rebelión ni a una sedición, aunque haya reivindicado objetivos políticos no previstos en nuestra constitución.
Las movilizaciones populares masivas no pueden ser consideradas violentas por exigir reivindicaciones no contempladas en el marco constitucional. En eso consiste la libertad de expresión y manifestación. Nos parece impropio de un Estado democrático que dirigentes sociales sin tareas de Gobierno hayan sido condenados a 9 años de prisión por liderar movilizaciones populares que además no fueron violentas
Esta sentencia se acuerda, además, en un contexto generalizado de represalias al movimiento popular. El Partido y la Juventud Comunista reiteran su compromiso de enfrentar las medidas de represión de los movimientos populares, solidarizándose una vez más con todas las personas encausadas o condenadas por luchar por conseguir derechos o una sociedad mas justa .
El PCE y la Juventud Comunista, como siempre han hecho, defienden un modelo de Estado republicano y federal donde todos los pueblos y nacionalidades que conforman España puedan convivir solidariamente y formar parte de un mismo proyecto de país que, respetando nuestra realidad plurinacional, así como los sentimientos nacionales de todos quienes habitamos España, anteponga los problemas materiales de la gente a cualquier otra consideración, garantizando a todas las personas el disfrute de los derechos civiles, sociales, ambientales, laborales, culturales y de género, al margen del lugar donde residan.
Asimismo, el PCE y la Juventud Comunista defienden la capacidad de decidir del pueblo catalán, a través de un referéndum pactado que obligue a todas las fuerzas políticas a hacer su trabajo, que no es otro que el de buscar una salida política a un conflicto que no se resolverá ni por la vía judicial ni por el paso del tiempo. En estos momentos es imprescindible retomar el dialogo político, entre las instituciones centrales del Estado y las instituciones catalanas, y entre la sociedad civil y fuerzas políticas de Cataluña y del resto de España, para entre todos y todas buscar un entendimiento que permita resolver la crisis política en Cataluña.
Nuestra apuesta política es la construcción de un amplio acuerdo sobre el modelo constitucional que garantice la convivencia de Cataluña y el resto de pueblos de España en un Estado federal y republicano donde todos los anteriores se sientan participes de un proyecto común de país.
Trabajaremos por esta solución política que haga posible un nuevo modelo territorial reflejo de la plurinacionalidad del Estado. Para ello es imprescindible la libertad de los presos así como el libre retorno de aquellas personas que hayan tenido que abandonar Cataluña o España, en uno y otro caso por haber defendido o realizado políticas independentistas o por haber defendido democráticamente cualquier otra posición política.
