Ayer por la mañana se celebró el juicio por el escrache a Floriano realizado el 6 de mayo de 2013 por los Campamentos Dignidad y personas pertenecientes a otros movimientos sociales y colectivos de nuestra región, entre ellos la UJCE en Extremadura.
Hace más de un año, los Campamentos Dignidad de Extremadura realizaban una marcha por diferentes localidades extremeñas, denunciando la situación de paro, miseria y precariedad. Durante el paso por la ciudad de Cáceres se realizó una concentración frente al domicilio de Floriano, con la finalidad de señalar a uno de los culpables de los desahucios y la pobreza que asola a este país, y especialmente a Extremadura.
Es por esto que el Vicesecretario de organización y nº 3 del Partido Popular denuncia por coacciones a seis personas, entre las que se encuentran tres militantes de la UJCE en Extremadura. No es casual que de una protesta de más de un centenar de personas se escoja de ellas determinadas caras para hacer de cabezas de turco, ya que aquel día en ningún momento se nos pidió identificación, y sin embargo, la policía puso en bandeja de plata al señor Floriano nuestros nombres y apellidos, dejando en evidencia la existencia de listas negras en nuestra región. De la misma manera, pudimos conocer como el día anterior a la realización del escrache, la Brigada de Información de la Policía Nacional de Cáceres realizaba una llamada al diputado para avisarle de que al día siguiente existía la posibilidad de que varias personas se acercaran a su domicilio, dando prueba de la relación amistosa entre los miembros del poder económico y político y las fuerzas de seguridad del Estado.
Durante el juicio pudimos vislumbrar entre los “argumentos” del abogado de Floriano la mano de la manipulación y del miedo de los que se sirven los sirvientes políticos de los mercados, refiriéndose a nosotras como “personas con oscuras intenciones” que «ponían en peligro a menores de edad», ante la falta de argumentos para demostrar que aquel día existieron coacciones, cuando ni siquiera se encontraban él y su familia dentro del domicilio. Estas palabras nos recuerdan a las declaraciones del diputado nacional refiríendose a la PAH como «etarras», y tachando a la izquierda de “violenta y antidemocrática”. Actualmente, el juicio queda visto para sentencia, en la que esperamos la coherencia de la justicia, ya que en el fondo del asunto no existe más que un interes político que es el de criminalizar a los que queremos cambiar el desorden actual de las cosas.
Ante hechos, la UJCE en Extremadura no tenemos más que decir que los violentos y antidemocráticos son aquellos que desahucian a la gente de sus casas; los que incrementan la pobreza mientras que ellos se llenan los bolsillos; aquellos que impiden que cada vez más jóvenes tenga dificultades para estudiar y que nos condenan al exilio masivo; los que recortan y privatizan la sanidad; los que perpetúan el machismo aconsejando a las mujeres cómo no ser violadas; o los que tratan de impedirnos decidir sobre nuestro propio cuerpo; aquellos que apoyan invasiones a otros países y los expolian; y aquellos que destruyen los derechos de los y las trabajadoras.
Los UJCE en Extremadura, los Campamentos Dignidad, las redes de solidaridad popular, las plataformas de afectados por las hipotecas y todas las organizaciones y movimientos sociales que defendemos los derechos humanos y sociales seguiremos movilizándonos y señalando a cada uno de los culpables de la situación que vivimos en nuestra tierra, y no os vais a librar ni uno. Es por ello que vuestros intentos de criminalización de la protesta social no va a dar frutos, porque no tenemos miedo.
Seguiremos construyendo y reivindicando, muy a pesar de los caciques, otra Extremadura.