El Área de Juventud y las Juventudes Comunistas en Ciudad Real ha reclamado hoy el cese del subdelegado del Gobierno, Fernando Rodrigo, por mostrarse “empecinado en en acallar la oposición de la calle por la vía de la represión”. Esta petición surge tras conocerse hace unos días “un nuevo acto de represión política y de sanción del ejercicio de derechos públicos y fundamentales por parte de la Subdelegación de Gobierno de Ciudad Real”.
En la nota de prensa remitida a los medios, lamentan la “ratificación por este organismo de dos sanciones económicas, aunque deberían ser catalogadas políticas, porque es el castigo del ejercicio de derechos de esta índole el que están penando, de 400€ cada una, a dos conocidos activistas sociales de la ciudad, uno de ellos militante de nuestras organizaciones, por unos hechos acontecidos hace ya dos años, al calor de la creación de la Plataforma de Afectos por la Hipoteca de Ciudad Real (PAH). En el transcurso del tiempo nadie podrá recordar aquella concentración motivada en repulsa de un suicidio provocado por la presión financiera y por una recogida de firmas, atisbo alguno de sobresalto o de cualquier tipo de incidencia más allá de la meramente informativa. Es más, estos dos años han puesto de relieve el importante papel social que ha llevado a cabo la PAH”.
“Por lo tanto no tiene fundamento alguno – continúa el comunicado- que durante la filmación de esta convocatoria como medio de difusión, y como forma de dejar constancia del correcto desempeño de las funciones de los agentes de policía, cuando estos identificaban a algunos de los allí concentrados, se confirmen sanciones aludiendo al precepto legal de una posible “provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana” como asevera el expediente”.
“Nos ratificamos así, en nuestra oposición a estas medidas represivas y arbitrarias, en cuanto a que la grabación de funcionarios públicos, como son los policías, en el ejercicio de sus funciones no constituye delito alguno. Seguiremos mostrando pues nuestro apoyo, solidaridad y repulsa a estas acciones durante el trámite del recurso contencioso-administrativo”.
Antecedentes de sanciones
En la nota de prensa remitida, recuerdan que “no es ninguna novedad lo que estamos denunciando, recordamos que en Diciembre fueron absueltos seis manifestantes, que habían sido sancionados por el mero hecho de protestar durante una visita de María Dolores de Cospedal, y que antes lo habían sido estudiantes y otros activistas sociales, hasta el punto de que la Comunidad de Castilla-La Mancha es la cuarta región de España en número de iniciación de expedientes sancionadores, en relación con el ejercicio de la protesta y manifestación pública. Cualquiera podría pensar que nuestra Región pasa por una algarada constante, pero sabemos todos que lo que el Partido Popular pretende es precisamente convertir en una excepción el ejercicio de estos derechos fundamentales, y en definitiva criminalizar y marginar la protesta social contra sus políticas reaccionarias. Nosotros no dudamos de que junto a la movilización sostenida y la ciudadanía organizada conseguiremos revertir en su contra todos estos procesos, y que pasaran factura a la prepotencia que nos demuestran cada día”.
“Hay que añadir a esta serie de hechos el uso que Subdelegación da a la “Brigada de Información” en determinadas ocasiones, más de la “Político-Social” de otra época. Y así lo demuestra el que el día 8 de Abril agentes de este cuerpo se dedicaran a vigilar una asamblea de Izquierda Unida en el Centro Social Larache con los vecinos del barrio. Que se dediquen recursos a vigilar asambleas abiertas, denota que el gobierno quiere intimidar a los interesados en una alternativa al estado actual de las cosas, y su inquietud por que ello se produzca”.
