Muchas empresas y locales se adhirieron al recurso del ERTE por causa de fuerza mayor por la imposibilidad de abrir sus negocios, dejando a las trabajadoras de hostelería con una pérdida importante de sus ingresos, a lo que ahora se le suma el impago de algunos de estos empresarios de la parte proporcional al mes de Marzo que sí que se había trabajado.
Desde que se decretó el estado de alarma, han sido más de 19.000 ERTEs presentados en la Región, lo cual afecta a unas 107.000 trabajadoras. Es tal la cantidad de solicitudes presentadas que la administración murciana se ha visto colapsada, imposibilitando que todos ellos se aprobasen a tiempo para el día 25 de marzo, día en que concluía el plazo para dicho mes y así fuesen pagadas las prestaciones en el mes de abril, por lo que muchas trabajadoras no están percibiendo las ayudas prometidas, quedando completamente desprotegidas por la administración pública.
Además de la crítica severa a la pasividad de la administración, así como el abandono y deterioro de sus recursos y servicios públicos, no queremos detenernos aquí, pues la gravedad de la desprotección se amplia en los hogares de cientos de trabajadoras que a parte de no percibir dicha prestación no se les ha pagado su nomina correspondiente a la primera quincena del mes de marzo, parte proporcional que corresponde pagar al empresario.
Gran parte de estos impagos vienen del sector de la hostelería, un sector que, como venimos denunciando en reiteradas ocasiones, no pierde la oportunidad para ahogar a sus empleados y ahorrarse todo lo posible. Esta vez ante un momento de caos, donde muchos parados no tienen del todo claro cuando o quien les debe pagar, debido a los continuos Decretos promulgados por el Gobierno, la cantidad de información sesgada y también el agobio de no saber como afrontar económicamente su situación, parte de la patronal ha esquivado sus obligaciones, esperando que no se les reclame.
Es por ello que exigimos al Gobierno que actúe severamente ante estas empresas que incumplen el pago de la nomina que les corresponde, así como a las distintas administraciones que doten de recursos tanto materiales como humanos al servicio público de empleo para su correcto funcionamiento y así solventar una crisis social cada vez más dura para la clase obrera.
Por último, animamos a todas las trabajadoras a denunciar cualquier incumplimiento a través de los sindicatos y a la organización en los centros de trabajo junto a sus compañeras para evitar que la crisis la pague la clase obrera. ¡Solo el pueblo salva al pueblo!
