Como cada año, el pasado mes de enero se concentraron la mayoría de exámenes finales en los calendarios de las universidades españolas. En esta ocasión no se podía hablar de un factor “sorpresa” que justificara toda deficiencia e improvisación en la organización de los exámenes, tal y como se hizo durante el confinamiento de 2020, pues la complejidad del escenario era conocida desde el inicio del presente curso. Aún así, las estudiantes hemos visto cómo la preparación y realización de las pruebas volvían a presentar unas dificultades añadidas que, como en ocasiones anteriores relacionadas con este eje, se hacían más amplias y profundas para las de extracción obrera.
Esto no es más que una consecuencia de la falta de financiación de unas universidades para las que resultaba inviable, en su mayoría, el acondicionar sus instalaciones para poder acoger la realización presencial de los exámenes en unas condiciones sanitarias garantistas, así como de una gestión que, lejos de estar determinada por una incompetencia generalizada a todos los rectores del Sistema Universitario Español (SUE), nos genera perjuicios por estar proyectada desde una perspectiva alejada de la situación material de las familias trabajadoras. El ejemplo más ocurrente para versar sobre esto último es la falta de alternativas presenciales o de ayudas para las estudiantes que no puedan realizar los exámenes telemáticos o la enorme limitación de los servicios de las bibliotecas públicas, indispensables para las que no tenemos en nuestras casas el clima o los recursos necesarios para el estudio. En definitiva, esta es la situación en la que se va a cumplir un año desde el momento en el que se decretó el Estado de Alarma y el estudio telemático pasó a ser un potenciador más de las desigualdades de clase en el ámbito educativo, dejando a muchas de nosotras por el camino tanto en lo académico como en lo material y en lo emocional.
En este escenario, no han sido pocas las estudiantes universitarias que reclamaban la generalización de los exámenes telemáticos como medida única a tomar por parte de los rectorados, obviando las carencias materiales de parte de sus compañeras. Detrás de esto se encuentra, al margen de otros factores subjetivos que tienen que ver con la correlación de fuerzas entre clases, una realidad objetiva que se ha venido fraguando desde hace más de treinta años: la desobrerización de la Universidad. El crecimiento del peso cuantitativo que tienen los elementos burgueses y pequeño-burgueses entre las estudiantes universitarias deriva en una magnificación de sus intereses de clase entre las soflamas proferidas espontáneamente frente a conflictos como este.
Desde la masificación de la universidad hasta la convergencia europea.
Como acabamos de señalar, este proceso de expulsión de las jóvenes de extracción obrera de las aulas universitarias se remonta a la segunda mitad de la década de 1980, estando completamente determinado por la inserción de España en la Unión Europea y por el papel que juega dentro de esta. Aunque desarrollado, nuestro país asume desde los años 80 una posición periférica dentro del polo imperialista y, consecuentemente, una especialización en el sector servicios. Así, el diseño de un sistema educativo funcional a las necesidades de este nuevo rol productivo trajo consigo la creación de nuevos mecanismos de segregación y la agudización de los ya existentes para así dirigir a la juventud a un desarrollo académico compatible con la menor cualificación que pasaba a demandar el mercado y, a su vez, justificar sus peores condiciones laborales. Desde entonces, y tras la “masificación” de la Universidad de los años 70, la política educativa ha estado orientada a expulsar a la clase trabajadora de los estudios superiores y limitarla a una FP maltratada y estigmatizada por su carácter de clase.
Esta desobrerización de la Universidad ha estado vertebrada por la llamada “Convergencia Europea”, es decir, el desarrollo de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que, a pesar de estar tupido estéticamente por la pretensión de generar un único mercado laboral, ha orientado el sistema universitario a un modelo liberal que, además de limitar su acceso enormemente, se constituye como un nicho más para la maximización de la acumulación capitalista.
Primero, el Partido Popular aprobó la Ley Orgánica de Universidades (LOU) en 2001 con la que, además de estrechar los lazos entre universidades y capital, introducía la necesidad de incorporar al SUE al EEES; en segundo lugar, el PSOE tomó el testigo y, desde la base anterior, dio desarrollo al Plan Bolonia impulsando el modelo de 4 años de grado más 1 de máster por el que, debido al alto coste de este último, se establecía una primera gran barrera para las estudiantes de extracción obrera; posteriormente, nuevamente el Partido Popular, si bien no llegó a agrandar la anterior vía de segregación al congelar la puesta en práctica del 3+2, sí que llevó a cabo los famosos “tasazos” por los que el pago de las matrículas de los propios grado se alejaba enormemente de la capacidad de las familias trabajadoras para acometerlo.
Finalmente, el último capítulo llega de la mano del actual Gobierno, pues el Ministerio de Universidades pretende aprobar un Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Oficiales del Sistema Universitario Español que recupera el modelo 3+2 y profundiza en la liberalización de los estudios superiores, así como un Real Decreto de creación, reconocimiento y acreditación de universidades y centros universitarios que regula la modalidad telemática para los grados y másters y permite su implementación en una gran medida, convirtiendo estos estudios en un sector todavía más hostil para las jóvenes obreras. En suma, podemos afirmar que, tanto liberales como socioliberales, los representantes institucionales de la oligarquía reproducen el mismo modelo de política universitaria en tanto que es el único que cabe para el capital en España en el marco de la Unión Europea.
Por la construcción de un nuevo modelo educativo
Desde la Juventud Comunista señalamos que, mientras nuestra formación esté regulada institucionalmente por la pata educativa de un Estado burgués, la Universidad va a estar dirigida, además de a la reproducción de ideología dominante, a la de una división clasista del trabajo que, en el marco productivo español actual, la reserva para la cualificación de los cuadros técnicos bajos, medios y altos. Precisamente, frente a los canales de segregación que sustentan dicha división, desde la Juventud Comunista luchamos día a día por construir un movimiento estudiantil fuerte y capaz de plantear la construcción de un nuevo modelo educativo pensado para la juventud obrera que conlleve, necesariamente, la ligazón de la Universidad con un modelo productivo planificado por nuestra clase y para nuestra clase.
