El pasado viernes conocimos la noticia del fallecimiento en accidente laboral de un trabajador alcañizano de 43 años tras precipitarse desde un puente de la variante de Alcañiz mientras realizaba labores de conservación de carreteras.
Desde el Partido Comunista de España en Aragón y la Juventud Comunista nos lamentamos profundamente ante la nueva pérdida de un trabajador en nuestra comunidad y mostramos nuestras condolencias a su familia y allegados. Ya son 17 trabajadores muertos en accidente laboral en nuestra comunidad en lo que llevamos de año según datos del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA).
La siniestralidad laboral se sitúa como uno de los principales lastres de nuestro país en donde fallecieron 702 personas en el año 2020. Año tras año estas cifras se suceden ante la pasividad de unas instituciones que, mientras muestran sus condolencias por estos accidentes mortales, son incapaces de atajar este sangrante problema para la clase trabajadora.
La normativa vigente en prevención de riesgos laborales establece claramente la obligación del empresario, o en su caso de la Administración Pública, de velar por la seguridad y salud de sus trabajadores llevando a cabo todas las medidas necesarias y proporcionando la formación correspondiente a las plantillas. Si la legislación es clara, ¿por qué es tan elevada la siniestralidad cuando la inmensa mayoría de los accidentes son evitables?
Sin lugar a dudas, las dinámicas propias de un sistema que busca el beneficio económico de cualquier actividad a toda costa y la precariedad laboral asociada está detrás de todo esto. Si bien la normativa indica que el establecimiento de medidas de prevención no deben estar condicionadas por aspectos económicos y, además, debe contarse con las mejores técnicas disponibles para la protección de los trabajadores, la realidad es que si un empleador puede ahorrarse dinero en cuestiones de seguridad y salud lo va a hacer.
Y es que en gran número de centros de trabajo el empresario elude su responsabilidad, los planes de seguridad y salud que no son más que papel mojado para cumplir con las obligaciones burocráticas y no existe una clara designación de personal para ejercer un papel preventivo. Los datos hablan por sí solos. Si bien el organismo que se dedica a supervisar todas estas cuestiones, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, está totalmente sobrecargado y falto de medios, podemos destacar algunos de los resultados obtenidos tras alguna campaña de inspecciones. Por ejemplo, en la campaña de verano, el 42% de las 7.137 inspecciones de trabajo en el campo a las empresas terminó en sanción por fraude laboral especialmente en lo referido a tener trabajadores de manera irregular, ¿cómo van los empresarios a velar por la seguridad y la salud de unos trabajadores que ni siquiera están dados de alta en la seguridad social?
Ante este panorama desolador, apelamos a cada trabajador a tomar conciencia, a organizarse en las secciones sindicales, en los comités de empresa, en los Comités de Seguridad y Salud, etc., y exigir lo que es nuestro: tenemos derecho a trabajar en condiciones de seguridad. Queremos volver todos los días a casa tras terminar nuestro trabajo.
Desde el PCE en Aragón y la Juventud Comunista exigimos a la Administración que de una manera inmediata refuerce el servicio de inspección y que ningún accidente laboral quede impune. Pero esto no basta. Si este sistema no cae, la precariedad y la siniestralidad laboral seguirán siendo nuestro pan de cada día. Es hora de pasar a la ofensiva y demostrarles que no descansaremos hasta derrotar su modelo, un modelo incompatible con una vida digna. Un modelo que evidencia que todas estas muertes son evitables, ¡ni una muerte más en nuestros puestos de trabajo!
