En materia de vivienda España tiene una situación muy particular sin comparación en todo el mundo: predomina la vivienda libre en propiedad frente al alquiler, la vivienda pública apenas alcanza el 2% del total, el número de viviendas vacías llega a 3 millones y medio y están en su mayoría en manos de bancos, entidades financieras y fondos buitre. La turistificación y la gentrificación están a la orden del día en nuestros barrios y pueblos expulsando sistemáticamente a las vecinas de sus barrios y obligando a su desplazamiento hacia zonas cada vez más alejadas de sus núcleos sociales, laborales y estudiantiles.
Los últimos datos sobre desahucios emitidos por el Consejo General del Poder Judicial son una clara muestra de cómo el drama de los desahucios sin alternativa habitacional no sólo continúa si no que se ha agravado.
De los casi 60.000 desahucios ejecutados durante el 2018, un 62,5% fue consecuencia del impago del alquiler. Un alquiler que no deja de incrementarse a un ritmo vertiginoso sin que se tomen medidas, mientras los salarios apenas han crecido. En la actualidad en torno al 43% de las personas que viven de alquiler invierten más del 40% de sus salarios en el pago del alquiler. Entre las ciudades con mayores subidas se encuentran Madrid y Barcelona, que acumulan subidas de casi el 40% en el precio de los alquileres durante los últimos 5 años, superando los precios del alquiler alcanzados en el pico de la burbuja inmobiliaria. A esto debemos sumarle los “desahucios invisibles”, aquellos que se dan a la finalización de los contratos por no renovación, que vienen muchas veces de la mano de estas subidas escandalosas en el precio del alquiler.
Además, contamos con una legislación absolutamente insuficiente. El gobierno ha dado algunos tímidos avances (como el incremento de la duración de los contratos o el control de las subidas interanuales incluidas dentro de los propios contratos) pero sin embargo no se han abordado las problemáticas de fondo como son la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, la regulación de los precios como medida imprescindible para frenar la especulación y pinchar la subida de precios, tampoco obliga a la movilización de vivienda vacía ni aporta herramientas para su control y, por supuesto, tampoco ha erradicado los privilegios fiscales a los fondos buitre y SOCIMI así como a los propietarios que seguirán tributando solo el 40% del dinero que reciben por el alquiler.
Es por toda esta situación que el movimiento por la vivienda y las organizaciones, barrios y entidades convocan esta manifestación: quieren dejar muy claro a toda la población los motivos por los cuales la lucha por la vivienda es una lucha vital para la construcción de una vida digna. La lucha por la desmercantilización de la vivienda es vital como vía para garantizar el derecho a techo. Entre las reivindicaciones principales destacan: la regulación y el control de los precios del alquiler así como la estabilidad de los mismos, la exigencia de medidas fiscales para adecuar los alquileres a la renta de los hogares, la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, de los abusos de los intermediarios, expulsión de los fondos buitre y los pisos turísticos.
Llevamos años sufriendo las consecuencias de la especulación inmobiliaria promovida por constructoras, bancos, fondos buitre e instituciones públicas. Llevamos años viendo como esta especulación despiadada deja a nuestras familias sin hogar. Ante esta situación insostenible que no nos permite acceder a una vivienda digna, el PCE y la Juventud Comunista hacemos un llamamiento a participar en esta imprescindible movilización, así como a la organización en el marco del movimiento por la vivienda desde las asambleas de vivienda, la PAH o los sindicatos de inquilinas, como herramientas imprescindibles para defender nuestro derecho a la vivienda.
Este 6 de abril #PinchemosLaBurbuja
¡Basta de alquileres abusivos!
