Luchar contra el régimen en todos los frentes ¡Volvemos a las calles!
Durante los últimos días el desarrollo de la llamada “Operación Lezo” cerca al PP de la Comunidad de Madrid. El enésimo caso de corrupción que ha salpicado al Partido Popular y a los grandes monopolios del Estado español demuestra una vez más las conexiones entre los grandes poderes económicos y sus representantes políticos, el carácter parasitario de dichos poderes con respecto del Estado y el carácter estructural de la corrupción en el sistema económico-político español.
Después de los diferentes casos que han golpeado a la burguesía y sus representantes políticos, enfocar el problema como una cuestión de “manzanas podridas” o de inmoralidad del sistema político supone encubrir a una gran parte de los culpables y trazar una línea divisoria entre lo político y lo económico que no permite llegar hasta las causas reales de la corrupción. El discurso de los “casos aislados” es insostenible después de conocer la extensión de los diferentes casos, pero todavía es necesario señalar que la corrupción surge de un modelo económico que fomenta el pillaje de lo público y la sumisión de los intereses populares al beneficio privado. El carácter monopólico de la economía capitalista en su fase imperialista se nutre de los “favores” políticos, y la competencia actúa como un ancla que arrastra a toda la economía a una búsqueda de beneficio en la que la corrupción es la pareja perfecta de la destrucción de derechos laborales.
Conviene recordar que al lado de los Ignacio González, Francisco Granados, Bárcenas o Correa siempre se encuentra una gran empresa: OHL, Indra, PriceWaterhouseCoopers, constructores como Marjaliza… Mientras la calidad de los servicios públicos desciende, las tasas aumentan y el binomio privatización/rescate carga los costes de la crisis del sistema capitalista en la clase obrera, las grandes empresas, disfrutan no sólo del apoyo legal del sistema político, sino de una red perfectamente organizada para exprimir hasta el último euro público.
Esta situación es el reflejo de un sistema económico que se asienta en la explotación de la clase obrera y el saqueo público como palanca para sostener un desarrollo deficiente de los medios de producción. Desde los tiempos del franquismo, la sumisión del Estado a los monopolios ha sido un rasgo del capitalismo exacerbado en la realidad del Estado español. La “transición”, en el plano económico, no sirvió para más que para revestir las viejas corruptelas franquistas de un halo de “democracia” que permitiese su sostenimiento, y las noticias actuales no hacen más que reflejar el estado de podredumbre económico-política del capitalismo español.
Por esto mismo, la Unión de Juventudes Comunistas de España apoya las movilizaciones dirigidas a señalar la corrupción como un mal estructural del Estado español, a la vez que señala que el modo de producción capitalista es el causante de esta situación, y que un “recambio” político que no actúe resueltamente en el camino de destruir las bases de dicha corrupción no hará más que maquillar una situación que exige de medidas contundentes. A las medidas políticas dirigidas a democratizar las instituciones, extirpar las estructuras corruptas de los aparatos estatales y combatir la corrupción desde el sistema judicial deben unirse medidas de carácter económico, dirigidas a la raíz de la corrupción. Todo esto, con la conciencia de que mientras el beneficio privado sea el motor de la economía, mientras el control de la economía esté en manos privadas y los monopolios gobiernen de facto ninguna medida podrá poner fin a la corrupción y desarrollar una política en favor de la clase obrera y las capas populares
¡Rompamos con el régimen! ¡Volvamos a las calles!