No es casualidad que en el contexto actual de crisis y de reorganización del sistema educativo para aumentar los beneficios se propongan medidas como la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional aprobada el pasado diciembre. La división social del trabajo no es algo ajeno al mundo educativo y laboral, es más, son precisamente nuestros modelos educativos los que responden a esta cuestión, reforzando y creando una división que viene a reafirmar una separación clasista entre trabajo manual e intelectual. Hace unos meses ya reflexionábamos sobre la situación de la Formación Profesional en España.
Esta Ley es solo un paso más en la reafirmación del modelo educativo dual para poder orientar el currículum a la supuesta formación práctica. Esto nos relega a una formación exclusivamente encaminada a poder producir, sin ninguna aspiración de establecer una formación integral que nos permita tener un conocimiento real. Este tipo de medidas no vienen a compensar una carencia formativa, sino que vienen para reforzar la carencia de personal productivo con una cualificación justa para poder seguir poniendo en marcha la maquinaria capitalista. Representan además, por medio de un trasvase de fondos públicos a las empresas, un ahorro de costes por parte de estas. Estableciendo así un nuevo camino a la privatización del sistema educativo, redundando en sus beneficios y no en una mejor formación para el estudiantado.
Uno de los ejemplos más claros de este proceso, también alienante, que sufrimos en nuestros estudios de FP lo encontramos en las FCT (Formación en el Centro de Trabajo). Su función real no es ayudarnos a ver cómo aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso en un entorno laboral, sino que vamos a trabajar, a cubrir un puesto de trabajo que, una vez acabemos, será cubierto por el próximo compañero que venga de prácticas. Las estudiantes no tenemos capacidad de decisión, debemos hacer esas prácticas de forma obligatoria y, para colmo, se intentan justificar bajo una apariencia de “favor” que nos hace la empresa para la que vamos a trabajar. Cuando en realidad, generalmente solo se hace para obtener mayores beneficios o para cubrir un puesto de trabajo que se necesita a coste cero.
Otro de los mitos extendidos es, precisamente, la formación para la contratación: desde que comienza el ciclo nos meten en la cabeza que tenemos que sacar las mejores notas para poder elegir primero las empresas para las prácticas ya que muchas escogemos una empresa u otra pensando con quién tendremos más posibilidades de contratación. Sin embargo, cuando llegamos allí, lo que nos encontramos es una contratación posterior que nunca va a llegar ya que están cómodos concatenando estudiantes de prácticas (menos problemas sindicales, menos plantilla continua y estable que pueda organizarse y mayor atomización) o, con suerte, haber estado trabajando gratis durante tres meses para que nos formen y poder trabajar en un puesto concreto. Las empresas buscan perfiles específicos y con un modelo de contratación concreto al que el sistema educativo se adapta. Seguimos sin tener reconocida nuestra relación laboral con las distintas empresas quedándonos al margen de la normativa: el único seguro con el que contamos en caso de accidente es el propio seguro escolar que evidentemente no contempla la mayoría de accidentes laborales que pueden darse.
No queremos seguir incrementando sus beneficios a costa de nuestra formación y seguir normalizando socialmente la explotación que se sufre en estos puestos de trabajo equiparable a la de cualquier trabajadora. Si estamos trabajando, queremos que se reconozca nuestra condición de trabajadora con un seguro dentro del régimen de la seguridad social y un salario acorde al trabajo desempeñado. Digamos alto y claro que no es formación, es explotación dentro de un modo de producción que nos condena a un salario bajo o inexistente y a un futuro marcado por la temporalidad o el paro.
