Enmarcamos este suplemento de la revista agitación en un marco en que la situación educativa ha variado desde el anterior sobretodo en estos ejes:
Por un lado tenemos la aprobación de la LOMCE en mitad de un marco represivo que tiende una cortina de humo y a su vez pretende justificar la necesidad de la nueva ley de represión ciudadana. La línea de trabajo en este nuevo plano de desarrollo de la LOMCE ha de ser claramente de insumisión y puesta en marcha de propuestas en positivo que hagan frente a la ley visualizando la sostenibilidad del sistema público educativo desde una perspectiva de clase y trabajo colectivo. Analizando políticamente el amplio rechazo social, la soledad parlamentaria del gobierno y la represión como única salida para la imposición de esta reforma podemos ver la gran dificultad a que se está enfrentando el gobierno. Por otro lado, dentro de la lucha contra la LOMCE vemos la importancia que va cobrando el eje del Informe de Expertos de Universidades, que pretende una Ley de cambio de modelo en la democracia de las universidades, ya anunciada por el ministerio para poner en marcha a finales de este año. Esto une a estas reformas en cuanto a sus objetivos a todos los niveles, que las hacen recíprocamente necesarias.
La dotación del Gobierno central para todas las becas cayó 134.438 millones de euros el curso pasado (-8,3%). La otra partida, incluida la aportación a los convenios con las CCAA para programas de ayudas y gratuidad de libros, se redujo en 61.302 millones de euros (-47,2%). Esto está suponiendo una mayor carga familiar y una profundización en la pobreza de las clases populares que no pueden costear la educación desde edades cada vez más tempranas. El ataque a estos derechos debemos entenderlo en el marco del pacto del déficit en la Constitución (reforma del artículo 135) que antepone la deuda a los derechos básicos de las familias. Así es fácil hilar en este eje también la ruptura con la CE 1978 la cual está al servicio del capital burgués y no garantiza derechos tan básicos como la educación pública.
En los niveles universitarios tenemos un fuerte aumento de las expulsiones y endeudamiento privado de estudiantes por tener que devolver las becas del curso anterior o no poder costearse las altas tasas. Mientras que del curso 2011-2012 se abrió expediente de devolución de beca a 6.500 alumnos —un 1,9% de los 328.000 becarios—, en 2012-2013, con las condiciones endurecidas, la cifra al menos se triplicará. Calculando al 6% serán al menos 20.000 de 328.000. No se incluyen los de FP y bachillerato, también afectados. Aún no se han recabado los datos totales de los centros de estudio del Estado y la estimación es superficial, pero supone un choque económico muy fuerte de cara a la desigualdad de clases y endeudamiento que promueven estas medidas. Tener que devolver la beca supone caer en un pozo sin fondo del que es muy difícil salir. Este curso no solo el alumno debe reintegrar la ayuda de 2012-2013, sino que no puede beneficiarse de una nueva porque no superó los créditos suficientes. Pero, además, tampoco puede inscribirse en pocas materias —con las tasas de segundas y terceras matrículas disparadas— si aspira a volver a tener beca en 2014-2015, ya que uno de los requisitos es tener el 85% 0 el 100% de las asignaturas de un curso validadas o una media de 6 o 6,5.
Por otro lado en cuanto a becas el gobierno ha intentado privar de becas de movilidad a todos aquellos estudiantes que no habían obtenido beca general en el curso pasado, algo que ha traído una protesta de estudiantes ERASMUS que estaban a la espera del ingreso de beca fuera del país.La rápida organización de las estudiantes afectadas ha provocado un discurso difuso desde el gobierno, demostrando su debilidad gubernamental, al dañarse la cacareada “Marca España”, y llegando a culpar de este recorte presupuestario a Bruselas lo cual ha tenido que desmentir posteriormente.
En lo relativo a investigación nuestro país está en un declive cada vez mayor, según un reciente informe sobre los rankings universitarios, España tiene una universidad dedicada a la investigación por cada 980.000 habitantes, lo que le sitúa como el país con menor tasa de instituciones públicas investigadoras de la UE.
Sobre profesorado el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) ha remitido una propuesta de reforma del Estatuto Docente que por ahora es sólo un índice y una recopilación de la normativa en vigor con la LOE. No han manifestado sus intenciones o propuestas y no han definido que margen de negociación hay. Además, no plantean que se haga en el marco de la Mesa Sectorial sino en otro formato. Esto se produce en un contexto de desprecio al profesorado con la LOMCE, con los últimos RD publicado por el MEC, sin ninguna negociación, y con recortes presupuestarios salvajes.
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