En plena ola de frío y con el temporal Filomena dejando a su paso temperaturas extremas, nieve y lluvia por todo el país, el recibo de la luz ha vuelto a subir para las familias hasta un 27% más durante las últimas semanas. La rentabilidad económica de las compañías eléctricas sigue prevaleciendo frente a las necesidades básicas de la clase trabajadora y expoliando los recursos naturales, dejando viviendas sin luz ni calefacción durante el invierno, subiendo los precios de la luz para aumentar sus márgenes de beneficio, haciendo una vez más negocio de la necesidad.
Los culpables de esta situación tienen nombres y apellidos y se sientan en los despachos de dirección de las grandes compañías eléctricas de este país, siempre tratando de sacar la máxima rentabilidad a la situación de necesidad por la que atraviesan muchas familias trabajadoras, más aún en un contexto de crisis económica en la que se han disparado los despidos, así como el número de trabajadores afectados por un ERTE, a consecuencia de la pandemia por Covid19. La temporalidad, el desempleo y la precariedad salarial de las trabajadoras jóvenes agrava la dramática situación por la que pasa la juventud en estos momentos a la que, mediante la subida de precios de suministros básicos, las grandes compañías eléctricas está acorralando junto a multitud de familias en el umbral de la pobreza y en un alto riesgo para la salud en plena pandemia.
La gran burguesía, sin embargo, no va a parar de aumentar su beneficio económico a costa del sufrimiento de las trabajadoras. La subida de los precios deja en unas condiciones absolutamente precarias a muchas familias trabajadoras y, de forma contraria, hace aumentar sin parar los beneficios privados de las compañías.
La vivienda no sólo debe ser un derecho fundamental entendido como techo en el que desarrollar un proyecto de vida, sino que además debe extenderse al derecho de acceso a los suministros básicos asociados como la luz, el agua y la calefacción, dejando de entenderlos como nichos de mercado de grandes empresarios: Iberdrola, Endesa y tantas otras compañías siguen repartiendo beneficios entre sus accionistas mientras privan a la clase trabajadora de los derechos más básicos para la vida digna.
Estos beneficios privados sin duda se mantienen con la connivencia de los distintos Gobiernos que, mediante la sumisión ante los intereses empresariales de las eléctricas y la privatización de las pocas empresas públicas que existían en el sector, están poniendo de manifiesto la necesidad de superar la lógica en la que se espera que desde las instituciones gubernamentales vaya a alcanzarse una solución de justicia social para la clase trabajadora. Más allá de bonos de ayuda, cheques asistenciales y elementos de caridad para las situaciones de mayor vulnerabilidad, el Estado, en tanto que defensor de los intereses de la burguesía, no va a poner en marcha mecanismos que afronten la situación desde la necesaria confrontación de los intereses privados de unos pocos frente a los derechos fundamentales de la mayoría trabajadora.
En la Juventud Comunista defendemos necesariamente la construcción de una sociedad en la que los intereses y derechos fundamentales de la clase trabajadora no se vean subordinados al beneficio privado de la gran burguesía. La apuesta pasa por la recuperación de la soberanía energética del país, mediante la nacionalización de sectores estratégicos como el de las eléctricas. No se trata de que el Estado tenga participación pública en empresas del sector energético como Naturgy, Iberdrola o Endesa, sino que la clase trabajadora pueda tener el control y la decisión de la producción y el destino de ésta. Solo la nacionalización en estos términos puede acabar con los intereses privados del mercado y el negocio millonario del sector energético, haciendo de los suministros básicos un derecho fundamental para la mayoría trabajadora.
