Durante años, el modesto municipio de Fraguas estuvo deshabitado a través de las diferentes maniobras políticas que llevó acabo el gobierno fascista por los años setenta y actualmente su población está censada en 15 habitantes. Ello se debió a que recibieron un requerimiento de expropiación de sus terrenos y hogares, obligándoles a marcharse de sus casas y declarado el lugar como monte de utilidad pública. Las fragüenses salieron de allí forzadas por la maquinaria del sistema y aquellas que se quedaron se mantuvieron por poco tiempo porque no pudieron aguantar la campaña de acoso y derribo a través de multas y coacciones.
No fue hasta el año 2011 cuando los terrenos de Fraguas se añadieron al Parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara. La distinción suena ostentosa y no se quiere en estas líneas quitar valor a las necesidades de protección del medio natural, pero el modelo seguido por la Junta es cuanto menos deficiente.
El Parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara cuenta nada menos que con 36 municipios en su interior, de pequeña población, siendo el que más Cogolludo con poco más de 500 habitantes. A su vez, existen 32 cotos de caza, la mayoría privados, que alcanzan en el caso de los mayores hasta 50.000 hectáreas. Por otro lado, la población forestal está compuesta en gran medida de pino silvestre, una especie no autóctona, traída del norte de Europa durante la dictadura franquista para la repoblación sistemática y el aprovechamiento maderero. Poco ha hecho la Junta en los años de gobierno para recuperar la encina, la higuera, el olmo o el álamo, árboles que sí que representan la flora autóctona de la provincia de Guadalajara.
Y es en esta situación cuando en 2013 un grupo de jóvenes contrarios al sistema capitalista llegaron a las ruinas de Fraguas para devolver al pueblo a su utilidad de origen. Los pobladores originales, que cada cierto tiempo volvían por las ruinas a recordar su niñez, acabaron coincidiendo con el proyecto actual y les dieron todo su apoyo, compartiendo historias y vivencias de cómo solía ser el pueblo cuando estaba vivo. Pero la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuyo gobierno lo conforma PSOE y Podemos, prefiere mantener un terreno abandonado en lugar de que un grupo de gente se organice para trabajar y vivir ahí. No responde a los intereses del gobierno el que los ciudadanos se organicen y menos si eso dificulta las contratas de caza que puedan sacar por el terreno. De ahí que hace pocos meses la Audiencia Provincial confirmaba la sentencia de forma íntegra. En total, el grupo de Fraguas deberá pagar 50.000€, con la seguridad de que si no lo hacen, irán a la cárcel. Queda todavía una última vía, en un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero la esperanza de estas jóvenes en la justicia burguesa es poca.
Desde las Juventudes Comunistas apoyamos a las compañeras de Fraguas, un ejemplo de las alternativas posibles a la opresiva realidad del sistema capitalista y cuya represión no es sino una muestra más de hasta donde es capaz de llegar este sistema para mantener a la clase obrera en el yugo del capital.
