Como pudimos apreciar en el anterior artículo, la dificultad para acceder a una vivienda no es simplemente un inconveniente técnico o administrativo, se trata de un punto central en el desarrollo vital de la clase trabajadora. Es un síntoma estructural y fundamental del capitalismo: la privatización de los recursos necesarios para la vida. La vivienda, como mercancía, representa uno de los ejes más claros en los que se materializa esta lógica. Lo realmente relevante para un horizonte revolucionario no es que sea únicamente una cuestión de datos sobre los que regodearse, sino que tiene un impacto relevante en la lucha de clases, afectando además de forma transversal a toda la clase y de forma más aguda a familias monoparentales, personas racializadas y la juventud, como ya vimos.
En este contexto, la vivienda se convierte en un campo de batalla clave. No se trata simplemente de un problema de oferta y demanda, sino de un mecanismo de extracción de plusvalor, donde las constructoras, inmobiliarias y propietarios privados juegan un papel central en la reproducción de las relaciones capitalistas. Para el proletariado, este impacto es doble: por un lado, deben enfrentarse a la necesidad básica de techo; por otro, son empujados hacia el mercado, convirtiendo la vivienda en una mercancía que está fuera de su control. La pregunta clave debe ser cómo convertir la vivienda en una herramienta de lucha para el proletariado, no solo como reivindicación inmediata, sino como parte de un programa revolucionario que apunte a la superación del sistema capitalista.
Es necesario desenmascarar las propuestas socialdemócratas, porque desvían la atención del problema estructural: el régimen de propiedad privada que sitúa la vivienda como fuente de lucro en lugar de como un derecho básico
Pero claro, ante esta disyuntiva aparece el primer escollo: la ideología socialdemócrata y pequeñoburguesa impregna todo el espectro político y social, socavando el elemento consciente del proletariado y neutralizando su potencial revolucionario. Estas corrientes no solo aceptan las premisas del capitalismo, sino que las refuerzan bajo el discurso de que este solo necesita reformas parciales. Es por ello que es necesario hacer un intento de desenmascarar estas propuestas socialdemócratas, además de porque son insuficientes en términos cuantitativos, porque desvían la atención del problema estructural: el régimen de propiedad privada que sitúa la vivienda como fuente de lucro en lugar de como un derecho básico para el proletariado.
Dentro de la amalgama de propuestas encauzadas por el “gobierno más progresista de la historia” y el ahora partido de la oposición Podemos, se encuentran varios ejes clave: i) creación de un parque público de vivienda, ii) bonos y ayudas para el acceso, sobre todo enfocado a los jóvenes, y iii) la limitación de precios de alquileres en las llamadas “zonas tensionadas” y “correctivo” fiscal a grandes tenedores. En apariencia, estas medidas podrían parecer paliativas, pero lo cierto es que están diseñadas para perpetuar el statu quo. No cuestionan la mercantilización de la vivienda, sino que simplemente intentan gestionar sus efectos más desastrosos.
De forma más concreta, el PSOE propone 183.000 viviendas públicas para alquiler, con especial atención a los jóvenes. También hacen hincapié en el fomento de avales públicos y una cuenta ahorro bonificada para la compra de la primera vivienda, dirigida a menores de 39 años, con beneficios fiscales. Un refuerzo del Bono Alquiler Joven además de ayudas directas al alquiler para aquellas viviendas que vayan a ser de uso habitual, así como la creación de avales del ICO para ayudar a jóvenes con el 20% de la hipoteca para la primera vivienda. Es decir, una regulación del alquiler, pero centrada en ayudas y bonos para quien accede a la vivienda.
Por otro lado, las propuestas de la socialdemocracia progresista, incluyendo como decíamos Podemos, Sumar (y dentro Más País, IU, PCE, etc.) se diferencian de la anterior en que la regulación se pretende realizar mediante una tibia regulación de precios. En general, establecer un límite máximo para el precio de los alquileres en zonas tensionadas, es decir, lugares donde la demanda supera ampliamente la oferta, y los precios han crecido desproporcionadamente, un concepto de la socialdemocracia profesional tan espeluznante que rebosa reformismo por los cuatro costados. Esto significa que el precio de los alquileres no podría subir más allá de un porcentaje predefinido respecto a precios anteriores. En concreto, el control de precios se plantea como una medida temporal en estas zonas, con el objetivo de evitar especulación y que el alquiler alcance niveles inaccesibles para la población con menos recursos. Aunque no se define un porcentaje concreto para todas las zonas, las propuestas de control suelen estar vinculadas al IPC (Índice de Precios al Consumo) o a una fórmula que limite el incremento a cifras “razonables”, generalmente en torno al 2-3% anual en áreas reguladas.
La socialdemocracia, como voceros o juguetes del capital, saben bien como hacer malabares entre discursos que parecen radicales de cara al exterior cuando la ministra o diferentes responsables de agendas 2030 salen en público a exponer sus propuestas, y defender las necesidades de los grandes capitales por un lado (constructoras, grandes inmobiliarias, etc.), y de la pequeña burguesía por otro (con un aumento de los pequeños propietarios que compran o heredan viviendas con fines especulativos). Estos voceros socialdemócratas todavía siguen sin entender que la manifestación del 13 de octubre en Madrid también iba contra ellos.
Pues bien, parece sencillo entender que todo el galimatías de bonos y ayudas que el PSOE propone no solo no mitigaría la problemática analizada en el anterior artículo, sino que incrementaría el uso de la vivienda como mercancía especulativa. Hay gente que se desenmascara ella sola.En primer lugar, habría que ver cuáles de estas ayudas irán destinadas a los extractos del proletariado más afectados por la vivienda, que ya destacamos, y cuáles a personas pertenecientes a una capa más adinerada que se podría permitir el acceso a la vivienda. Y, por otro lado, y más importante, esto es dinero que va directamente del Estado a la pequeña burguesía y al capital. Es que ni siquiera es un parche, es una estafa.
Entremos en la cuestión de las “zonas tensionadas”. Este concepto es una estafa socialdemócrata, y hay que decirlo y repetirlo. No es un problema de zonas tensionadas, el proletariado que vive en barrios más pobres puede apreciar esta subida también, y no hace falta irse a Madrid o Barcelona. Estamos hablando de un problema especulativo y una forma de extracción indirecta de plusvalía. No queremos rebajas en zonas tensionadas, no queremos límites en el alquiler en zonas tensionadas, queremos acabar con toda la especulación, queremos tener una vivienda sin que sirva de beneficio para los rentistas, para las constructoras y las inmobiliarias. El problema de esta propuesta no es que no sea paliativo un corte en el precio de los alquileres, es que no pone el foco en lo realmente importante, en la raíz del problema, el uso de la vivienda como mercancía en el capitalismo que degrada y degrada las condiciones de vida del proletariado. Porque, además, la clase obrera organizada les sobrepasa por la izquierda, exigiendo medidas mucho más radicales, y no “una limitación temporal en las zonas tensionadas acorde al IPC”. No vale escudarse detrás del PSOE o de los gobiernos autonómicos, las propuestas encima de la mesa no es que sean insuficientes, es que ni atinan en la problemática y tienen carácter reformista sin mayor expectativa que hacerle creer al proletariado que con ellos el capitalismo será más suave.
Las luchas parciales deben integrarse en una estrategia más amplia que apunte, mediante el poder obrero, a la transformación del sistema capitalista en su conjunto.
El problema de la vivienda no puede resolverse mediante parches o reformas superficiales. En el marco del capitalismo, cualquier medida que no toque las bases de la propiedad privada será insuficiente y temporal, destinada a fracasar. Como veremos en el tercer y último artículo en torno a este tema, es esencial que la clase trabajadora supere los límites del reformismo socialdemócrata y se organice para exigir no solo un control más estricto de los alquileres o un aumento de la oferta pública, sino la expropiación total de los rentistas como base para garantizar el acceso a la vivienda.
Solo a través de un programa revolucionario que busque la eliminación de la propiedad privada sobre los bienes esenciales, y la planificación colectiva de los recursos, podremos avanzar hacia una sociedad en la que la vivienda sea un derecho y no una mercancía, y en la que, además, se pueda controlar el impacto urbanístico y medioambiental. Las luchas parciales deben integrarse en una estrategia más amplia que apunte, mediante el poder obrero, a la transformación del sistema capitalista en su conjunto, y no hay más camino que la ruptura con el pensamiento socialdemócrata y sus propuestas.
