Desde hace tiempo la JCPV y el PCPV, junto a muchas otras organizaciones políticas, sindicales y movimientos sociales del Estado español, vienen denunciando una escalada represiva dirigida contra los sectores sociales que han plantado cara a las políticas de austeridad y al recorte de derechos sociales y libertades civiles que estamos sufriendo desde el inicio de la crisis económica. Ante el aumento de las movilizaciones, el régimen surgido de la Transición, en clara descomposición e incapaz de ofrecer ninguna respuesta a las reivindicaciones populares, reaccionó desencadenando una oleada represiva cuyo objetivo es atemorizar a los militantes y activistas mediante las cargas policiales, las denuncias, los montajes policiales y los encarcelamientos. En los últimos años los ejemplos han sido numerosos, y cada vez más frecuentes.El pasado 8 de mayo, en el marco de la última huelga estudiantil del curso, Francesca Mercé, militante de la JCPV y activista del movimiento estudiantil de Elx, participó en la manifestación que recorrió las calles de dicha localidad. En un momento dado decenas de manifestantes se aglutinaron en la puerta de las dependencias de la concejalía de educación del ayuntamiento ilicitano, entre los cuales se encontraba nuestra camarada. Cuando se disponían a proseguir la manifestación un agente de policía la tiró al suelo violentamente tras lo cual, fue retenida e identificada. Horas después, Francesca volvió a ser identificada por agentes de paisano, esta vez junto a otros compañeros.
Unos días más tarde la camarada recibió una llamada telefónica en la que la Policía Nacional la citaba a declarar en dependencias policiales. Dicha declaración fue un interrogatorio político, en el cual miembros de la Brigada de Información de Elx hicieron multitud de preguntas cuyo fin era obtener toda la información posible sobre las organizaciones políticas juveniles y del movimiento estudiantil de la localidad, así como de las personas que forman partes de las mismas.
Francesca ha sido imputada por un delito contra el orden público, por lo que se enfrentará a una pena de prisión. Nuestra camarada no cometió ni el delito que se le imputa ni ningún otro, tan solo hizo uso del legítimo derecho de manifestación para reclamar una educación pública de calidad de la cual los hijos de los trabajadores no seamos expulsados por no poder hacer frente al pago de las tasas. Fué agredida por un agente de policía, sometida a un interrogatorio propio de un estado policial y ahora se enfrenta a una pena de prisión. Hacemos un llamamiento a la solidaridad con nuestra camarada, lo más amplia y unitaria posible, para conseguir que sea absuelta.
Ni Francesca, ni la JCPV, ni el movimiento estudiantil van a arrugarse ante esta nueva muestra de represión, al contrario. Casos como el que ahora denunciamos nos demuestran que vivimos en un régimen profundamente antidemocrático y nos animan a seguir en la lucha para acabar con él. La represión no nos va a parar. Cada vez somos más los que estamos decididos a conquistar un futuro digno para la juventud y parar los pies a todos aquellos que pretenden mantenernos en el paro, en los trabajos precarios, a los que nos expulsan del sistema educativo y nos obligan a exiliarnos. Nunca renunciaremos a defender nuestros derechos. La lucha es el único camino.
¡FRANCESCA ABSOLUCIÓN!
¡LA REPRESIÓN NO NOS VA A PARAR!