[Vecinal] Ante la aprobación del RDL de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

El Consejo de Ministros del viernes 15 de diciembre aprobó un Decreto en el que se esperaba que afrontase los necesarios cambios legislativos en torno al alquiler y las medidas de choque frente a la emergencia habitacional que sufrimos en este país. Por desgracia el gobierno desaprovecha una vez más una oportunidad para tomar medidas de contenido real y vuelve a demostrar de qué lado está, de la minoría que se enriquece con el negocio de la vivienda a costa del sufrimiento de millones de personas.

El movimiento por la vivienda digna viene reclamando una reforma integral del sistema de acceso a la vivienda, englobado en la propuesta de ley presentada por la PAH a inicios de este año, que garantice sin ambages la defensa del derecho a la vivienda frente a la especulación. Lejos de ser un reflejo de estas reivindicaciones, las medidas aprobadas no conseguirán frenar la situación.

Ya analizábamos el pasado verano que los anuncios por parte del PSOE eran insuficientes y no efectivos para el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda y frenar la escalada especulativa. El trabajo que se ha llevado a cabo desde los movimientos sociales y organizaciones políticas para realizar propuestas reales y efectivas, ha vuelto a ser despreciado, cediendo a las presiones de los intereses especulativos.

En un escenario en el que según el reciente informe del Consejo de la Juventud, casi dos millones de jóvenes entre los 16 y los 29 años están en situación de pobreza relativa y 600.000 se encuentran en pobreza severa, debido a la sobrecualificación, los trabajos mal pagados y la temporalidad, con una edad media de emancipación creciente en torno a los 30 años, denunciamos una vez la ausencia de medidas contundentes para garantizar la emancipación juvenil que nos permita la construcción de un proyecto de vida.

Este decreto no aborda problemas como la limitación de los precios de los alquileres, base principal de la burbuja inmobiliaria que asola las grandes ciudades de este país y que es causa directa tanto del incremento de los desahucios por alquileres, de la expulsión de los y las vecinas de sus barrios, así como de la imposibilidad del acceso a la vivienda de la juventud trabajadora.

La medida “estrella” que ha anunciado el PSOE es el aumento de la duración de los contratos de alquiler, de 3 a 5 años, (7 años si el arrendador es una persona jurídica) y de sus prórrogas de 1 a 3 años. Esta es una medida necesaria, que supone derogar la nefasta reforma del PP en el 2013, pero que no introduce las necesarias y urgentes nuevas medidas. Tampoco ofrece soluciones ante los “desahucios invisibles”, las no renovaciones de los contratos o las subidas abusivas de la renta ante los vencimientos contractuales, causas principales de la problemática en materia de alquiler.

En cuanto a las fianzas y la intermediación arrendaticia, el Decreto no termina de abordar los abusos a que se ven abocadas las inquilinas, pues limita la fianza a dos meses y obliga al pago de los gastos de intermediación sólo para propietarios que sean empresas. Es decir, no limita las barreras de acceso en primera instancia a un alquiler, pues las inquilinas deben disponer de un colchón de ahorros previo importante para poder acceder a un alquiler.

Respecto a los desahucios por impago, apenas se menciona en el texto la necesidad de mejorar la coordinación entre los órganos judiciales y servicios sociales, más allá de una declaración de intenciones, sin obligaciones concretas y reales; no aborda ni una previsión de asignación de recursos económicos, ni medida alguna contundente para acabar con los desahucios sin alternativa habitacional. Recordemos que según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial en la actualidad se ejecutan unos 190 desahucios al día (11.547 desahucios ejecutados en los meses de julio a septiembre), el 60% de ellos por impago de alquiler.

Es imprescindible que se regule con medidas anti especulativas, como por ejemplo el derecho de compra preferente de las Administraciones Públicas frente a fondos de inversión y otros agentes privados sin olvidarnos de la capacidad de expropiación de que dispone la Administración, medidas que además de evitar la especulación, permitirían ampliar el casi inexistente parque público de vivienda y comenzar el camino para la recuperación de las más de tres millones de viviendas vacías en manos de bancos y entidades financieras.

Igualmente, que los Ayuntamientos tengan capacidad para limitar las subidas abusivas y exista un sistema de limitación de precios, es una medida urgente, posible y coherente con una voluntad política real de cambiar las cosas, y no de mera publicidad.

Desde la Juventud Comunista seguimos trabajando y luchando por medidas valientes y acordes con la situación de emergencia, y seguimos apoyando la propuesta de Ley de Vivienda de la PAH que, ante un contexto de emergencia y crisis habitacional, aborda de forma transversal la situación actual en materia de vivienda y cuya aprobación creemos firmemente que es un paso imprescindible para comenzar a construir un nuevo modelo social que ponga en el centro la vida  digna frente a la especulación y a los intereses de la banca.

¡LA VIVIENDA ES UN DERECHO, HAGÁMOSLO POSIBLE!